Criptomonedas los nuevos paraísos fiscales.

Las autoridades de todo el mundo temen que las criptomonedas se conviertan en paraísos fiscales. Demasiado tarde. Ya está ocurriendo.

 

 

Tomemos como ejemplo a David Drake, cuya gestora de patrimonios familiares con sede en Nueva York tiene más de 10 millones de dólares en inversiones en criptomonedas y cadena de bloques.

Está usando dinero digital como una cuenta bancaria en el exterior: un lugar para estacionar legalmente las ganancias de negocios en el extranjero y reducir los impuestos en Estados Unidos.

La primera ministra británica, Theresa May, y el primer ministro indio, Narendra Modi, son algunos de los líderes mundiales que han expresado su alarma ante el aumento del efectivo virtual para mover dinero fuera del país.

El Congreso de Estados Unidos celebró audiencias este mes y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo un llamado a las 20 economías más grandes del mundo a trabajar juntas para asegurarse de que las criptomonedas no “se conviertan en la próxima cuenta bancaria en Suiza”.

La preocupación surge después de una exitosa campaña internacional de medidas enérgicas contra los paraísos fiscales en la banca tradicional.

“Todos los países están luchando para encontrar una respuesta”, dijo Drake, que forma parte de las juntas de 25 empresas públicas y privadas. “Tiene que haber una estructura regulada que no mate a la industria”.

Los primeros en adoptar esta práctica fueron los delincuentes, y su participación se ha incrementado de manera constante, según un estudio de tres años de la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios no partidista de Washington. Luego vinieron los usuarios como Drake, que detalló que cumple con la ley estadounidense ya que informa las tenencias de sus compañías.

Drake dijo que una mejor supervisión ayudaría a legitimar la industria.

A raíz de las preocupaciones, existe una demanda de nuevas formas de ocultar activos después de que los reguladores estadounidenses y europeos presionaran a los bancos tradicionales. Han incrementado la aplicación de las normas de “conocer al cliente” y contra el lavado de dinero y han obligado a las instituciones financieras extraterritoriales a divulgar información del cliente.

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